La Recomendación General 41/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aborda las violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y trabajo decente debido al incumplimiento de laudos laborales firmes por parte de entidades gubernamentales federales y locales en México. Esta recomendación destaca la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y mejorar las prácticas administrativas para asegurar una protección más amplia y efectiva.
La recomendación está dirigida a diversas autoridades, incluyendo dependencias y entidades de la administración pública, así como a los gobiernos de los estados y la Ciudad de México. Su objetivo principal es exponer los problemas relacionados con el incumplimiento de los laudos laborales y proponer soluciones para mejorar la ejecución de estos fallos judiciales.
El documento se fundamenta en varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular aquellos que promueven la protección y garantía de los derechos humanos. La CNDH señala que el incumplimiento de los laudos firmes implica violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia en un plazo razonable y trabajo decente. Estos incumplimientos afectan negativamente a los trabajadores que han ganado sus casos en los tribunales laborales.
El Diagnóstico de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en 2016, identifica la ejecución de los laudos como uno de los principales problemas en la impartición de justicia en México. Los laudos emitidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deben cumplirse de manera oportuna y completa para respetar y garantizar los derechos humanos laborales.
La reforma constitucional de 2011 fortaleció el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México, imponiendo la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos. La recomendación de la CNDH examina las atribuciones de las autoridades laborales que emiten laudos y de las dependencias que deben cumplir con estas resoluciones, enfatizando la importancia de observar el artículo 1º de la Constitución.
La estructura del documento incluye antecedentes históricos y normativos, como la Constitución de 1917, que fue la primera en el mundo en incluir derechos laborales en su artículo 123. Este artículo otorgó derechos fundamentales a los trabajadores, como la jornada laboral, el salario mínimo y la prohibición del trabajo infantil. Además, estableció una jurisdicción especial para resolver conflictos laborales.
La Ley Federal del Trabajo de 1931 fue la primera en regular aspectos principales del derecho laboral en México, aunque excluía las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores. Posteriormente, en 1960, se integraron los principios de protección laboral para los trabajadores del Estado en el apartado "B" del artículo 123 de la Constitución, y en 1963 se publicó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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